Un nuevo paradigma para la política pública ecuatoriana
Un sistema político débil y fragmentado
Los partidos políticos en Ecuador han sido, tradicionalmente, vehículos electorales personales, sin ideología definida, sin estructura territorial y sin procesos formativos para nuevos líderes. La facilidad para inscribir un movimiento político (basta con el 1.5% del padrón electoral, es decir, aproximadamente 200.000 firmas) ha generado una proliferación de partidos durante las elecciones. En 2025, por ejemplo, se presentaron 17 binomios presidenciales.
Esta fragmentación impide que la ciudadanía comprenda las propuestas de los candidatos y debilita la representatividad democrática. Además, muchos partidos desaparecen tras las elecciones si no alcanzan al menos el 4% del padrón o un escaño en la Asamblea. Para superar esta debilidad institucional se requieren reformas como:
- Umbrales reales de representatividad,
- Afiliación única y verificable, y
- Antigüedad mínima de los partidos para presentar candidaturas.
A diferencia del Ejecutivo, donde los ministros deben cumplir ciertos criterios profesionales, los asambleístas no están sujetos a requisitos de formación o experiencia. Aunque la lógica democrática permite candidaturas abiertas, en la práctica esta carencia socava la calidad legislativa. Se debe incrementar la supervisión electoral para que los partidos políticos cumplan su función de formación. Deberíamos discutir si mientras los partidos maduran políticamente establecer ciertos requisitos temporales.
La evidencia internacional muestra que parlamentos con mayor nivel educativo y experiencia profesional logran mejor calidad regulatoria, mayor productividad legislativa y menor corrupción. Además, debe evitarse el cambio de camiseta de los asambleistas, que permite que legisladores sin respaldo partidario ejercer poder sin legitimidad. Todo esto requiere también una autoridad electoral fortalecida, capaz de regular y fiscalizar estos procesos.
Todos los cambios propuestos requieren reforma constitucional que podría ser liderada por el Presidente de la república, es hora que la sociedad civil impulse con fuerza estos cambio, poniéndolos al centro del deebate nacional.
Del discurso a la acción: una administración pública estratégica
El Presidente y su gabinete deben traducir su visión de país en agendas sectoriales sólidas: económicas, sociales, ambientales, de infraestructura o productividad, entre otras. Esto requiere romper con los “silos” ministeriales y promover una verdadera articulación entre carteras.
Los gabinetes sectoriales deben incluir al Ministerio de Finanzas para asegurar la viabilidad presupuestaria de los planes. A su vez, una Secretaría de Planificación con poder técnico debe:
- Coordinar las agendas intersectoriales,
- Monitorear resultados,
- Asegurar financiamiento, y
- Activar alertas tempranas para atender tanto coyunturas como problemas estructurales.
Los ministros y sus equipos deben contar con formación en administración pública, conocimientos sectoriales y capacidad para analizar problemas desde su raíz. Esto implica diseñar soluciones viables considerando aspectos técnicos, políticos y presupuestarios.
Además, las agendas públicas deben construirse con los actores que viven los problemas en territorio: sociedad civil, academia, sector privado y gobiernos locales. La legitimidad y efectividad de una política pública dependen de este diálogo.
La transformación digital como política transversal
La tecnología puede ser una gran aliada del Estado. Para ello, es imprescindible impulsar una agenda de transformación digital liderada por un ministro con respaldo político y capacidad de articulación. No se trata solo de digitalizar trámites, sino de transformar la lógica del servicio público: más accesible, eficiente, transparente y centrado en el ciudadano.
Profesionalización técnica para la continuidad y la innovación
Ecuador necesita un sistema de carrera pública que permita a los técnicos crecer profesionalmente sin estar expuestos a los vaivenes del poder político. La estabilidad técnica garantiza continuidad en los programas, preserva la memoria institucional y permite incorporar innovación desde el aprendizaje continuo.
Los grandes retos del país —seguridad, crecimiento económico, empleo, salud, educación— exigen instituciones sólidas, políticas públicas bien diseñadas y una administración profesional. Para lograrlo, se necesitan reformas constitucionales y voluntad política. La sociedad civil debe tomas Es hora de construir un nuevo paradigma para la política pública ecuatoriana, con partidos representativos, una administración técnica y un Estado que funcione para sus ciudadanos.
Autora:
Nathalie Cely
